La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) anunció que apoyará a las familias de los cuatro estudiantes mexicanos fallecidos durante el ataque de Colombia contra un campamento de las FARC en el territorio ecuatoriano de Sucumbíos el 1 de marzo de 2008.
La presidenta del organismo, Rosario Piedra Ibarra, recibió en sus oficinas a los integrantes de la Asociación de Padres y Familiares de las Víctimas de Sucumbíos, a quienes «ofreció su intervención para que accedan a la justicia y a la verdad de los hechos».
Los padres de los cuatro fallecidos junto con la superviviente del ataque, Lucía Andrea Morett, explicaron a Piedra Ibarra que en 2008 presentaron ante la CNDH una queja por la violación de sus derechos humanos, pero jamás obtuvieron respuesta.
También, detallaron que durante los casi 12 años transcurridos no han recibido «colaboración» ni de la desaparecida Procuraduría General de la República (PGR) ni de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), así como tampoco las embajadas de Colombia y Ecuador en México.
«Destacaron que las personas privadas de la vida han sido criminalizadas acusándoles de terroristas y narcotraficantes, en lugar de asumirlas como víctimas», informó la CNDH en un comunicado.
La presidenta del organismo «refrendó el compromiso de la CNDH para atender el caso y garantizarles sus derechos a la justicia y a la verdad, así como, en su caso, a la reparación integral del daño y a recibir garantías de no repetición».
En el bombardeo al campamento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) como parte de la Operación Fénix, realizado por la Fuerza Área Colombiana (FAC) que generó una tensión con Ecuador al violar su espacio aéreo, dio de baja al entonces «número dos» y portavoz internacional de la guerrilla, alias Raúl Reyes.
Además de Reyes también fallecieron al menos 26 personas, entre ellos un ciudadano ecuatoriano y los cuatro estudiantes mexicanos, compañeros de la superviviente Lucía Andrea Morett.
Tras ser encontrada en ese campamento, Morett fue acusada en Ecuador de atentar contra la seguridad nacional, pero viajó a Nicaragua, donde las autoridades le otorgaron asilo político, y posteriormente se trasladó a México.
Morett aseguró a las autoridades ecuatorianas que ella y los cuatro universitarios mexicanos que murieron en el ataque estaban en el campamento de las FARC porque realizaban una investigación académica sobre la guerrilla.
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