Ciudad de México, 11/11/17.- La construcción de casas en México se realiza principalmente a través de la autoconstrucción y el autofinanciamiento, lo cual muestra de la falta de una política estatal robusta que permita a un gran sector de la población acceder a la vivienda social y se corre el riesgo de que se vengan abajo ante fenómenos naturales como los sismos, indicó el Instituto Belisario Domínguez (IBD) del Senado.
En su investigación La vivienda en México, aspectos para la reconstrucción, especifica que la autoconstrucción puede incidir en la vulnerabilidad de las viviendas frente a amenazas naturales, como los terremotos, porque generalmente no se guían bajo los reglamentos vigentes para el desarrollo urbano.
Destacó que no tienen por qué colapsar edificios de manera inevitable como resultado de un sismo, pues el nivel de los daños dependerá del conocimiento y la prevención que adopte la sociedad para reducir su vulnerabilidad frente a ese tipo de peligros.
Agregó que el impacto de un sismo en la infraestructura urbana disminuye sensiblemente mediante la implementación efectiva de reglamentos de construcción que tomen en cuenta la actividad sísmica de la zona y un ordenamiento territorial que prohíba el crecimiento urbano en zonas de riesgo como barrancas o planicies de inundación, entre otras medidas.
El reporte señala dos puntos a tomar en cuenta para la reconstrucción de viviendas afectadas por los sismos de septiembre, que dejaron 121 mil 701 viviendas dañadas, tan sólo en Oaxaca y Chiapas, pues el censo aún continúa en Morelos, Puebla, Estado de México y Ciudad de México.
En primer lugar, la reconstrucción de vivienda no puede perfilarse como un tema aislado, sino que tiene que incorporarse en un conjunto de políticas integrales que favorezcan el desarrollo urbano sustentable.
Se debe especificar y vigilar que la ciudad no crezca sobre zonas de riesgo, que el desarrollo de vivienda se integre con esquemas de movilidad pública eficientes y en equilibrio con el suelo de conservación, por mencionar algunos aspectos.
El otro punto consiste en que la reconstrucción debe atender las condiciones culturales y biofísicas de las localidades afectadas, no sólo en la distribución del espacio habitacional, sino también en las formas de organización social de las comunidades.
El Instituto Belisario Domínguez detalló que por los sismos de septiembre, hasta el momento, se han presentado 21 iniciativas de Ley en el Congreso de la Unión: desde el establecimiento de días conmemorativos, modificaciones a instituciones y procedimientos electorales, hasta reformas a la Ley General de Protección Civil. Sólo siete se refieren específicamente a la atención de damnificados y a la reconstrucción de vivienda.
Agencias
