Un tribunal penal de la Corte Nacional de Justicia de Ecuador inició este lunes el juicio a 21 personas acusadas de presunto cohecho, entre ellas el ex presidente Rafael Correa, que en caso de ser declarado culpable, con sentencia en firme, lo alejaría de una eventual candidatura para los comicios de 2021.
El juicio contra el ex mandatario es por el supuesto financiamiento de empresas privadas a su campaña electoral de 2013 a cambio de contratos con el Estado, indicó la Corte.
En el caso denominado «Los sobornos de 2012-2016» también está procesado por cohecho el ex vicepresidente Jorge Glas, condenado a seis años de cárcel por recibir dinero de la firma brasileña Odebrecht, así como ex ministros, ex diputados y empresarios.
Correa, que vive en Bélgica desde que dejó el cargo en 2017, será juzgado en ausencia. La pena por esa falta, imprescriptible en Ecuador, es de hasta tres años de prisión. El juicio podría tomar varias semanas pues deben presentarse 120 testigos ante el tribunal presidido por el juez Iván León.
La defensa legal del ex mandatario planteó un oficio de recusación al considerar que los jueces designados para el juicio no eran competentes y criticó supuestas irregularidades tanto en la forma como en los tiempos en que se dio a conocer el tribunal.
Una condena supondría el fin de su carrera política, pues la Constitución ecuatoriana impide presentarse como candidato en comicios a condenados por cohecho, enriquecimiento ilícito o peculado. La acción judicial se extiende asimismo a varios de los colaboradores de Correa durante su mandato como Vinicio Alvarado, Alexis Mera y Walter Solís.
Los acusados presuntamente recibieron cerca de 8 millones de dólares de empresas para las presidenciales de 2013 a cambio de la entrega de obras. La Fiscalía se abstuvo de indagar a Odebrecht pese a que la firma aparecía mencionada en la investigación periodística del portal La Fuente que dio origen al caso.
Los empresarios que entregaron dinero «fueron beneficiados de adjudicaciones de varios contratos» a través de los ministerios de Transporte y Sectores Estratégicos, y la Secretaría Nacional del Agua, señaló la fiscal Diana Salazar al iniciar el juicio, según información divulgada por la Fiscalía.
Agencias
