Los abogados a quienes la Fiscalía General de la República (FGR) intentó procesar por tráfico de influencias, asociación delictuosa, extorsión y lavado de dinero denunciaron a Juan Collado, su familia, al fiscal Alejandro Gertz Manero y a otros servidores públicos de cometer asociación delictuosa, delitos cometidos por servidores públicos contra la administración de justicia, intimidación, abuso de autoridad y falsedad de declaración.
En la denuncia presentada ayer, los abogados Juan Antonio Araujo Riva Palacio y César Omar González Hernández, a quienes Collado señaló de extorsionarlo, acusaron que la investigación iniciada en su contra fue integrada de manera ilícita por Juan Ramos, mano derecha del fiscal Gertz Manero.
Ante la Fiscalía Anticorrupción, acusaron al titular de la FGR, Alejandro Gertz Manero; al fiscal Especializado en Control Competencial, Juan Ramos López; a los ministerios públicos Manuel Granados Quiroz, María Eugenia Castañón Osorio, Araceli Velasco Santiago y Celiflora Ruiz Luis de coludirse para armar una acusación “a modo”.
“Resulta sumamente grave que el fiscal general de la República asigne al fiscal Especializado Juan Ramos López investigaciones que no le corresponden para dirigir acusaciones a modo en contra de personas a quienes persigue por motivos personales”, apuntaron. Precisaron que el origen del conflicto derivó del pleito público entre Julio Scherer Ibarra y Gertz Manero.
“El fiscal Gertz ordenó el inicio de investigaciones en nuestra contra y otros para favorecer sus intereses personales de venganza, instruyendo la utilización de diversos imputados que se encuentran relacionados a procesos legales a cargo de la fiscalía que dirige, con el propósito ilícito de fabricar delitos en nuestra contra”, afirmaron.
La FGR “se instrumentaliza para extorsionar o coaccionar a personas investigadas por diversos delitos, para que fabriquen imputaciones en nuestra contra con el propósito de satisfacer un malsano deseo de supuesta venganza contra el señor Julio Scherer”. Esto, derivado del proceso penal que la FGR intentó iniciar contra los denunciantes y que fue declarado inválido el pasado 19 de mayo por el juez de Control Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, ante la falta de pruebas y al considerar que era ilegal.
“Nos encontramos ante la colusión de los funcionarios públicos en materia de procuración de justicia del más alto nivel en el país. Nos referimos a la figura del fiscal general de la República, al titular de la Unidad Especializada de Investigación Delictiva de una de las áreas más sensibles de la fiscalía a su cargo [designado unilateralmente por dicho fiscal general], así como de diversos servidores públicos (…), todos en asociación delictiva con diversos particulares”, señalaron.
Agencias
