Un Tribunal Federal emitió una resolución favorable a ocho elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) que fueron imputados por la Fiscalía General de la República (FGR) por su presunta responsabilidad en el delito de desaparición forzada en agravio de 43 normalistas de Ayotzinapa.
Los militares vienen buscando desde junio de este año enfrentar su proceso penal en libertad.
En la sesión celebrada el día de hoy, los magistrados del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal en la Ciudad de México ordenaron a la jueza de la causa penal en el Estado de México, que resuelva sobre el cambio de medidas cautelares solicitada por la defensa de los integrantes del Ejército.
Los militares que fueron beneficiados con la resolución dictada son: el subteniente Omar Torres Marquillo; los sargentos segundo, Roberto de los Santos Eduviges, Ramiro Manzanares Sanabria y Juan Andrés Flores Lagunas.
Asimismo, el sargento primero Gustavo Rodríguez de la Cruz y los cabos Uri Yashiel Reyes Lasos, Eloy Estrada Díaz y Juan Sotelo Díaz.
El 22 de junio del presente año, el juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México impuso a los militares la medida cautelar de prisión preventiva justificada.
Contra dicha medida cautelar, la defensa promovió un amparo, el cual quedó radicado en el juzgado Décimo Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, el cual les otorgó la suspensión definitiva.
Lo anterior, propició que la juez de la causa, en nueva audiencia de revisión de medidas cautelares, abriera de nuevo debate entre las partes y después determinó la imposición de prisión preventiva justificada.
Inconformes, el 13 de septiembre interpusieron un recurso de revisión incidental, el cual quedó registrado en el Primer Tribunal Colegiado, el cual, hoy de forma unánime, determinó que se deberá dictar una nueva resolución en la que la jueza del Estado de México, no deberá abrir debate y tendrá que resolver sobre las medidas cautelares de los ocho militares, tomando en consideración únicamente el debate que se dio en junio de este año.
Cabe mencionar que, en agosto del presente año, el general en situación de retiro, Rafael Hernández Nieto, empezó a enfrentar su proceso en libertad, ya que fue modificada la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa que le fue impuesta.
El ex comandante del 41 Batallón de Infantería de Iguala fue imputado por la FGR por su probable responsabilidad en el delito de delincuencia organizada, ya que supuestamente se reunió con integrantes de Guerreros Unidos, en 2014, según chats en poder de la Agencia de Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés).
En acato a un amparo, Raquel Ivette Duarte Cedillo, jueza Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales con sede en Toluca, celebró el 20 de agosto una audiencia de revisión de medidas cautelares.
Durante la diligencia, el Ministerio Público Federal no logró justificar la necesidad de cautela en contra del general, motivo por el cual la juzgadora resolvió modificar la medida cautelar de prisión preventiva.
Duarte Cedillo ordenó a Hernández Nieto que se presentara a firmar de manera quincenal ante la Unidad de revisión de Medidas Cautelares; asimismo, le solicitó la entrega de pasaporte y visa vigente.
Además, al general se le pidió exhibir una garantía de 50 mil pesos y tiene prohibido salir del país y estado de residencia (Puebla) sin aviso previo y tampoco puede acercarse a testigos y/o víctimas.
Agencias
